El XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario analiza nuevos retos regulatorios, tecnológicos y éticos de la salud

El XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario analiza nuevos retos regulatorios, tecnológicos y éticos de la salud

El Congreso examinó el Tratado Internacional de Pandemias, su impacto en la gestión de emergencias sanitarias y las lecciones aprendidas tras la COVID-19.

Se ha celebrado en Madrid el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, un encuentro de referencia para más de 700 juristas, sanitarios, gestores y expertos en políticas públicas, en el que se han debatido los principales retos normativos, éticos y de gobernanza que afronta la sanidad en un contexto marcado por la digitalización, las nuevas tecnologías y la creciente complejidad regulatoria.

El encuentro se inició con Conferencia Magistral de Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), “Espacio Europeo de Datos Sanitarios; el papel estratégico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en España”, quien ofreció una visión detallada sobre los desafíos y oportunidades que supone el nuevo Reglamento de la UE, que representa uno de los avances regulatorios más ambiciosos de la UE y, al tiempo, abre interrogantes jurídicos y éticos sobre gobernanza, privacidad, seguridad y garantías de derechos fundamentales.

Durante el acto de inauguración, la presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ofelia De Lorenzo, ha destacado la necesidad de que profesionales sanitarios y juristas caminen juntos, desde el convencimiento de que la protección de la salud ha trascendido del ámbito nacional y es imprescindible analizarla desde una perspectiva europea; “Europa está en un punto de inflexión”, aseguró.

“La multiplicidad de mesas y talleres nos ofrece una oportunidad única para profundizar en cada asunto con especialistas destacados, reforzando la necesaria colaboración interdisciplinar”, indicó, concluyendo que la visión de la asociación es “consolidarnos como referente a nivel nacional, pero también internacional, promoviendo un marco jurídico que facilite servicios sanitarios de calidad, accesibles y equitativos, liderando el debate y la implementación de políticas públicas que refuercen el sistema sanitario y protejan los derechos de los ciudadanos”.

Fuente: OMC 25-11-2025


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