Los Gestores Administrativos advierten de que regular no puede convertirse en excluir
Los gestores administrativos llevan años asesorando a empresas en el cumplimiento de obligaciones legales.
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley por el que se regula la profesión de Agente de Igualdad, alertando de que la norma opta por crear una nueva profesión regulada y con reserva de actividad cuando muchas de las funciones que se pretenden ordenar ya vienen siendo desarrolladas con normalidad, control público y respaldo legal por profesionales que actúan como colaboradores sociales de la Administración.
El Anteproyecto persigue, según su propia exposición de motivos, garantizar la calidad técnica y la homogeneidad en la aplicación de las políticas de igualdad, estableciendo un perfil profesional específico encargado del diseño, implantación, seguimiento y evaluación de planes y medidas de igualdad tanto en el ámbito público como en el privado. El objetivo declarado es dotar de mayor seguridad, coherencia y eficacia a un ámbito en el que existen obligaciones legales crecientes para empresas y administraciones.
Sin embargo, el Consejo General advierte de que ese objetivo legítimo no explica ni justifica por sí solo la decisión de crear una reserva de actividad profesional, excluyendo o condicionando el ejercicio de funciones que ya forman parte del trabajo habitual de otros profesionales cualificados. La regulación no se limita a ordenar o acreditar competencias, sino que reconfigura el mercado profesional, desplazando a quienes ya operan bajo esquemas de colaboración social reconocidos por el propio ordenamiento jurídico.
Desde la corporación se subraya que, si el problema es la calidad, la solución debería ser elevar estándares, no crear exclusividades. Si la ley es buena, clara y técnicamente sólida, los profesionales actuales —sometidos a responsabilidad, control y formación— deberían poder aplicarla correctamente. Cuando una norma necesita blindarse mediante una reserva de actividad, la duda es inevitable: ¿responde a un interés general real o a una lógica de cierre profesional?
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General, explica que “nadie discute el objetivo de mejorar la calidad de las políticas de igualdad; lo que resulta discutible es el camino elegido para conseguirlo”. En este sentido, subraya que “regular una actividad no exige necesariamente crear una profesión nueva y excluyente, cuando ya existen profesionales cualificados que vienen aplicando la normativa con normalidad”.
Fuente: Gestores Administrativos 10-02-2026
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